CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 7, 2013.- Artemio Duarte Martínez tenía 17 años como policía municipal de Tijuana. El 27 de marzo de 2009 fue detenido. Junto con él, otros 24 policías fueron llevados al cuartel militar La Tuna, en Tijuana. Ahí les obligaron a declarar que trabajaban para el cártel de Tijuana.
"Ya en el interior del cuartel en el 28 Batallón, me golpearon, me pusieron una bolsa de plástico en la cara y en el cuerpo me golpeaban, que tenía que firmar. Al final me dijo si no firmas te vamos a matar y te vamos a tirar en un bulevares con un cartel que diga por traidor", relató el señor Artemio Duarte.
Rodolfo Nava pasó también 17 años como policía en Tijuana. Él explica el método de investigación que usaron las autoridades en su caso:
"Me quitaron mis zapatos, los calcetines, los pantalones, mis trusas y uno de los primeros impactos fue el recibir una descarga eléctrica en mis tobillos, la segunda fue en mis rodillas, la tercera fue en los testículos. Ellos todo el tiempo estuvieron manipulando porque cuando uno estaba declarando supuestamente, no por voluntad propia, detrás de mí siempre tenía un militar y cuando yo trataba de manifestar otra cosa me golpeaban en su momento aun estando presente el agente del Ministerio Público."
Luego de firmar sus declaraciones, se notificó un arraigo contra los 25 policías.
El juez Eduardo Torres Carrillo ordenó que el arraigo se llevara a cabo en las instalaciones militares del 28 Batallón de Infantería, donde previamente habían sido torturados los policías.
Los argumentos del Ministerio Público, Humberto Velázquez, para solicitar el arraigo en este lugar fueron que los policías podían intentar sustraerse de la acción de la justicia por su conocimiento en armas y defensa personal, además del riesgo que pudieran ser rescatados.
"Los cuarenta días nos la pasamos acostados, boca abajo, boca arriba. Nunca nos dejaron levantarnos, caminar un poco sentarnos siquiera. Porque había momentos cuando uno trataba de dormir un poco llegaban y le pateaban los pies, azotaban las culatas contra el piso", relató Rodolfo Nava, ex policía municipal de Tijuana.
"Estuvimos incomunicados, ya después dejaron entrar a la familia. Al principio le prohibieron la entrada a la familia, licenciados", dijo Raúl Delgado, ex policía municipal de Tijuana.
Luego de 40 días de arraigo, los 25 policías fueron trasladados a Nayarit al penal de El Rincón acusados de delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó violaciones graves en contra de los policías de Tijuana. En la recomendación 87/2011 confirman detenciones arbitrarias, retención ilegal, incomunicación, tortura y atentados a la libertad sexual.
Los elementos señalan al entonces secretario de seguridad pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola y al director de la policía capitán Gustavo Huerta como los responsables de planear y ejecutar su detención.
Tres años y medio después los 25 policías están libres. 12 salieron bajo un amparo y 13 más fueron absueltos en la sentencia por falta de pruebas.
"Yo lo que estoy buscando es mi reinstalación, porque no me merezco esto, no he fallado a la corporación policial", dijo Raúl Delgado, ex policía municipal de Tijuana.
De enero de 2008 a marzo de 2012 la PGR arraigó a 7 mil 775 personas, la mayoría de ellas durante 2011.
Y aunque el arraigo se creó para combatir la delincuencia organizada sólo tres arraigos entre 2008 y 2011 se habían solicitado para este delito. La mayoría se pidieron para sospechosos de delitos contra la salud.
"El arraigo debe desaparecer, primero porque viola los Derechos Humanos. Una persona puede ser golpeada, la llevan a la casa del arraigo y al nunca comparecer ante el juez, el juez no puede constatar el tipo e golpes y de abusos que sufrió durante la detención", dijo Octavio Amezcua de la Comisión Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos.
El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la figura del arraigo, al reducirlo de 40 a 20 días y estar bajo la supervisión de un juez de control.
"Hay una tendencia en la que nos involucramos varios de ellos con la finalidad de desaparecer el arraigo. Sin embargo en estos momentos creemos que no hay las condiciones para que desaparezca el arraigo como tal", señaló el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
La modificación al arraigo trajo otros cambios, como la ampliación en el proceso de prisión preventiva para delincuencia organizada al pasar de 4 a 7 días antes de que el detenido comparezca ante un juez.
"Nosotros tenemos registrado que es el plazo en el que se cometen la mayor cantidad de abusos contra la persona, principalmente malos tratos y tortura", dijo Octavio Amezcua, de la Comisión Mexicana para Defensa de los Derechos Humanos.
Mariana conoce los abusos de la prisión preventiva. Ella fue detenida el 2 de febrero de 2011 en el centro de Ensenada por militares encapuchados y vestidos de civil. Sí relata su detención:
"Me llevaron mucho rato anduvimos hasta que llegamos, después supe, que estaba en la ciudad de Tijuana en el cuartel Morelos me torturaron, me golpearon, me dieron toques eléctricos en los pies, me echaron agua por la nariz."
Siete días estuvo en el cuartel militar, ahí la obligaron a firmar una declaración bajo amenazas:
"Como a mí me estaban acusando que estaba realizando un trasiego de droga con unos militares me ponían a varios militares, me mostraban fotos de militares y me decían ahorita los vamos a meter, vamos a meter a dos militares y tú vas a decir que a este lo conoces, que hiciste negocios con el de droga, que le pagaste tanto dinero para que hiciera negocios contigo. Yo le decía no, pues yo ni lo conozco, me decía si no dices eso ya sabes sabemos dónde está tu familia y ya sabes lo que va a pasar."
Tras un arraigo de 80 días y 8 meses de proceso en el penal de Ensenada, Mariana fue absuelta por falta de pruebas.
En la recomendación 52/2012 la CNDH detalla que en el caso de Mariana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR incurrieron en detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violación sexual contra Mariana.
"Ya detenida la persona se le puede realizar cualquier cargo se puede allegar de cualquier prueba el ministerio público. Aunque sea fabricada para consignar a la persona sin haber llevado una investigación adecuada", dijo Octavio Amezcua, de la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos.
"Pero habemos algunos inocentes que nos hemos pasado bastante tiempo detenidos porque a alguien se le antojó decir arráigala y ahí a ver qué le encontramos", comentó una víctima de tortura.
MACO
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