Exigimos que las autoridades determinen fehacientemente si el homicidio tiene relación con la actividad profesional del fotógrafo del diario Vanguardia de Saltillo
El estado de Coahuila concentra la mayor cantidad de ataques y amenazas a la prensa en 2013
El periodista Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años, fue asesinado y su cuerpo mutilado junto con el de otra persona, en Saltillo Coahuila. Ambos cadáveres fueron localizados a las 02:00 horas del miércoles 24 de abril.
Martínez Bazaldúa se desempeñaba como fotógrafo en el área de sociales del diario Vanguardia de Saltillo, desde hace un mes. El martes a las 14:48 horas acudió a la redacción del periódico a recoger sus órdenes de cobertura y salió de las instalaciones. La empresa perdió contacto con él desde ese momento, ya que no llegó a los eventos programados a partir de las 18:00 horas.
El asesinato de Daniel Alejando se cometió en un contexto de alto riesgo para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en el estado de Coahuila, sin que se adviertan medidas del Estado para garantizarlas. En lo que va de 2013, el periódico El Siglo de Torreón ha sido víctima de ataques con arma de fuego y del secuestro de cinco de sus empleados; y la cadena Zócalo fue víctima de amenazas públicas por parte de un grupo criminal.
Los medios firmantes del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia expresamos nuestra solidaridad con la empresa y colegas de Vanguardia, así como con la familia de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa.
Nos sumamos a la exigencia de que las autoridades realicen una investigación eficaz y transparente para resolver el homicidio del periodista y llevar a los asesinos ante un juez, además de que el Ministerio Público agote las diligencias posibles para determinar si el móvil está relacionado con el ejercicio periodístico de la víctima.
Condenamos enérgicamente la criminalización de las víctimas de la delincuencia.
Asimismo, demandamos al Poder Ejecutivo promulgar y publicar lo antes posible el decreto en torno a las reformas a la legislación secundaria ?aprobada por el Congreso de la Unión? que fijan los criterios para que la Federación atraiga los delitos cometidos contra periodistas, personas e instalaciones, "que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta", con miras a abatir la impunidad.
A partir de las nuevas herramientas jurídicas, el Poder Ejecutivo debe garantizar que el rediseño institucional de la Procuraduría General de la República incluya la creación de una instancia con las capacidades formales, materiales, técnicas y humanas necesarias para poner fin a la impunidad que ha caracterizado las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en nuestro país.
VM,
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