Por: Rafael Fernández de Castro, Enrique Desmond Arias y Gema Santamaría
México podría encontrar en Brasil lecciones valiosas para resolver sus problemas de violencia. En este país sudamericano se han ensayado exitosamente respuestas complejas dirigidas en la reducción de homicidios. Esto implicaría ver más allá de Colombia, donde las estrategias han estado más centradas en el uso de la fuerza y en avasallar al crimen organizado y a la guerrilla, especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe.
México ha buscado en Colombia respuestas para la ola de violencia que ha azotado al país en los últimos 5 años. El ex presidente Álvaro Uribe fue el gran aliado del ex presidente Felipe Calderón; incluso llegaron a crear el Pacto Anticrimen con Panamá, para integrar una "gran alianza" contra el crimen organizado trasnacional. Esto se ve reflejado en el reconocimiento de Uribe a la guerra contra el narcotráfico del ex presidente Calderón. En este sentido, el ex mandatario colombiano ha afirmado que el posicionamiento del actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, respecto a fortalecer la política antidrogas "es una victoria clara" de la lucha contra el narco emprendida por Calderón.
Aún, el sucesor de Calderón, el priísta Enrique Peña Nieto, ha invitado al general Óscar Naranjo, ex Jefe de la Policía de Colombia, a prestar sus servicios como asesor en materia de seguridad. El general Naranjo, quien se encuentra ya en México, aceptó la invitación y declaró estar convencido de que Peña Nieto "tiene también unas profundas convicciones de que no habrá, como él lo ha dicho repetidamente, ni treguas ni pactos con el narco".
Colombia tiene una importante experiencia de casi 3 décadas de combatir a la violencia. Esto le ha permitido convertirse en un importante exportador de modelos de combate a la violencia. La académica Arlene Tickner de la Universidad de Los Andes sostiene que el nuevo soft power de la diplomacia colombiana es justamente su sabiduría para combatir al crimen organizado. Pero el caso colombiano presenta dos particularidades que limitan su aplicabilidad al caso mexicano: el primero es el importante papel que ha desempeñado la guerrilla en las casi 3 décadas de violencia; el segundo es que la respuesta, específicamente durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se basó en el uso de la fuerza y en el avasallamiento del crimen organizado y la guerrilla.
Este artículo argumenta que es necesario que México gire su atención hacia Brasil, con el fin de obtener lecciones importantes y distintas en el tema de la seguridad ciudadana. Con 2 décadas de combate a la violencia, Brasil ha puesto en marcha políticas públicas complejas dirigidas a la reducción de homicidios. Estas políticas han sido diseñadas e implementadas a nivel estatal, pues son los estados los que están a cargo de la seguridad ciudadana. De ahí que sea importante aclarar que no todos los estados de Brasil cuentan con este tipo de políticas, y que un país de estas dimensiones presenta una gran diversidad al interior en relación con sus índices de violencia y de crimen.
En Latinoamérica, se han ensayado distintas respuestas y modelos de intervención gubernamental para frenar la violencia. Éstos los podemos agrupar en tres modelos. El primero se basa en una estrategia de combate y de uso de la fuerza pública en contra de grupos armados o de organizaciones criminales. El segundo tiene que ver con respuestas complejas que a menudo conjugan iniciativas de prevención social, mejoramiento de la coordinación interinstitucional y programas de reforzamiento de las labores de control, como las policías. Finalmente, tenemos el modelo de los pactos, en que el gobierno busca entablar o propiciar un arreglo con y entre las organizaciones criminales para reducir la violencia. Los ejemplos más recientes de este último modelo los ofrecen la tregua o pacto entre las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Pandilla del Barrio 18 (M-18) promovido por el gobierno salvadoreño, así como el proceso de negociación actual entre el gobierno federal de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde luego, estos modelos no suelen ser instaurados de manera pura en la práctica. Sin embargo, los gobiernos suelen darle prioridad, tanto en términos de recursos como de voluntad política, a alguno de estos tres.
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