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Paramuén, Michoacán, es la entrada a la región donde se cosecha el aguacate.
Cientos de familias viven de su producción.
Hace dos años, integrantes de la delincuencia organizada comenzaron a hostigarlos, a exigirles la llamada cuota de protección.
"Esas empezaron desde hace dos años a los ranchos. Empezaron que estaban pidiendo 500 pesos, primero por hectárea en producción, y luego empezaron que ya mil", dijo Eulalia, habitante de Paramuén.
Los pobladores denunciaron las extorsiones. No hubo respuesta de las autoridades locales.
El clima de impunidad propició que el crimen organizado elevara sus exigencias.
"En algunas partes están quitando las huertas. Están cobrando una cuota por el piso donde viven a trabajadores que andan en las huertas", señaló Artemio.
Los primeros agricultores que se negaron a pagar las cuotas de protección sufrieron las consecuencias.
La delincuencia incendió la principal empacadora de aguacate de la región.
"La quemaron en la madrugada, de repente, incendiaron carros adentro de la empacadora", comentó Toña.
Al incendio de la empacadora se sumó una serie de desapariciones y homicidios.
"Nos han matado a diferentes personas, ha habido aproximadamente unas 10 personas desaparecías y heridas. No sabemos quién más siga", dijo Luis.
La indignación de las comunidades de Michoacán estalló el 13 de noviembre de 2012.
Juan José Cruz García fue asesinado y su hermano, Gerardo, desapareció.
"No sabemos, no ha aparecido y al otro hermano lo mataron aquí", agregó Edmundo.
Ante la indiferencia de las autoridades para resolver los crímenes, los pobladores comenzaron a armarse y a instalar puestos de control en los principales accesos a sus comunidades.
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