El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela validó la postura del oficialismo en torno a la polémica generada por la incapacidad de Hugo Chávez de juramentar su cargo para un nuevo periodo presidencial ante la Asamblea Nacional el 10 de enero, como lo establece la Constitución.
El Tribunal legitimó la tesis de la continuidad del gobierno, por lo que no estima necesaria la toma de posesión de Hugo Chávez el día de mañana. Desestimó la convocatoria de una junta médica que certifique el estado de salud del presidente Hugo Chávez, como ha planteado la oposición.
El fallo es la última palabra en este primer capítulo del intenso debate entre gobierno y oposición, después de que ayer la Asamblea Nacional le otorgó al presidente "todo el tiempo que necesite para recuperarse y volver a Venezuela, cuando la causa sobrevenida haya desaparecido".
No ha habido sorpresas. Tanto el Tribunal Supremo de Justicia como la Asamblea Nacional, instituciones clave en la creación de una salida a la encrucijada que enfrenta el país ante el estado de salud de Hugo Chávez, están conformadas principalmente por partidarios del mandatario. De los 165 legisladores que constituyen la Asamblea Nacional, 97 corresponden a las fuerzas políticas pro-chávez.
En febrero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apuntaba "la falta de una efectiva separación e independencia de poderes públicos en Venezuela". En su informe, la Comisión manifiesta su preocupación por aspectos que afectan la independencia del Poder Judicial, que van desde el proceso para la elección de jueces, su estabilidad en el cargo, hasta injerencias del ejecutivo en las decisiones del poder judicial.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) también han denunciado la concentración de poder en el Ejecutivo y la eliminación de los pesos y contrapesos en el sistema presidencial venezolano. De acuerdo con esta organización, "el presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han adoptado medidas drásticas para conservar el control político del Tribunal Supremo de Justicia".
El pasado 6 de diciembre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia destituyó a 7 magistrados, los de mayor antigüedad y con mayor independencia, cuyos periodos habían expirado o que habían solicitado su jubilación. Según la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, la decisión del Tribunal fue precipitada e inconstitucional, en vísperas de las cruciales determinaciones que el Tribunal debería tomar ante el estado de salud de Hugo Chávez.
El fallo del máximo tribunal venezolano hecho público hoy resulta insuficiente para poner fin a la incertidumbre que ha permeado la vida política venezolana en los últimos meses, ante la falta de información en torno al real estado de salud de Hugo Chávez. Así se escribe la historia en un país en el que Hugo Chávez ha impreso su sello incluso en la bandera, el escudo, el nombre y hasta el huso horario, en donde, aún, la voluntad del comandante no tiene rival.
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