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CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 13, 2012.- Amaya Egaña tenía 53 años de edad. La ex consejal socialista de Bilbao decidió quitarse la vida cuando estaban a punto de despojarla de su departamento, porque su familia no ha podido pagar la hipoteca.
"Me llamó en un estado un poquitín, un poquitín tocada, entonces pues, bue no, yo traté de animarla, de hacerle ver que la vida no se acaba aquí", explica José Manuel Asensio, espodo de Amaya Egaña.
La también madre de un hijo de 21 años de edad se aventó desde un cuarto piso, perdió la vida instantáneamente.
Dos días antes, un habitante de la ciudad de Granada se ahorcó, cuando también iban a desalojarlo.
Al respecto el juez Carlos Mediavilla señala: "No podemos estar entre situaciones que, por un problema económico, derivan en crisis como ésta, en resultados tan trágicos como éste".
Estos casos son parte de la crisis hipotecaria que vive España, donde la tasa de desempleo afecta al 25 por ciento de la población activa.
"Una familia que podía pagar una hipoteca, de repente, por la crisis, pierde el empleo, pero sigue teniendo las mismas cargas familiares y no puede hacerse cargo", dice uno de los afectados, mientras otro agrega: "vergüenza le tiene que dar al gobierno que sucedan estas cosas, tanto recortar que no podemos vivir".
Esta situación ha generado protestas. En apenas cuatro años, 172 mil familias han perdido sus hogares. 178 mil están por ser desalojadas.
Sin embargo, la Asociación Española de Banca aceptó una tregua.
Luego de un acuerdo entre el Partido Popular y el opositor Partido Socialista Obrero Español, el organismo bancario anunció la suspensión de los desalojos, durante los próximos dos años.
Pero no sólo serán beneficiadas las familias con extrema necesidad, aunque no se precisaron los criterios que definirán estos casos.
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