CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 10, 2012.- Más de 50 personas, entre médicos, enfermeras y personal administrativo del Instituto Nacional de Perinatología (INPER) se manifestaron este miércoles por la mañana contra los parquímetros instalados hace 6 semanas por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en las cercanías del edificio.
Los manifestantes se colocaron frente al acceso de estacionamiento del inmueble sobre la banqueta, en el cruce de Montes Urales y Prado Sur, por lo que no generaron caos vial.
"Tenemos que salir cada dos o tres horas a echarle al parquímetro, porque si no, te multan o la grúa se lleva el auto", se quejó el doctor Manuel Acosta, investigador del INPER.
"Esta situación impacta en las condiciones de trabajo: o atendemos a las pacientes con la dignidad que se merecen, o salimos a pagar el estacionamiento", agregó.
"Voy a echarle cinco pesos, aunque sea para que aguante 1 hora en lo que voy a comer", avisó a sus compañeros la doctora Magdalena, del laboratorio de Microbiología, que había estacionado su automóvil a pocas cuadras del recinto.
El Instituto cuenta con alrededor de 120 cajones, aunque 20 lugares se encuentran inhabilitados por obras de expansión. Esto significa que más del 50% de los trabajadores y pacientes tienen que dejar su vehículo en las calles aledañas.
"También hemos recibido amenazas de los vecinos: han colocado letreros en nuestros autos donde señalan que su auto no es bienvenido en esta cuadra residencial y que se está usted estacionando aquí bajo su propio riesgo", puntualizó el doctor Acosta.
El costo calculado por los manifestantes de gasto mensual por un espacio con parquímetro es de mil 440 pesos, si se trabajan 9 horas, lo que consideran excesivo y que les pega directamente a sus bolsillos. La calle sin parquímetros más cercana al lugar se encuentra a 5 cuadras.
La administración que lidera el doctor Javier Mancilla Ramírez, director del INPER, no ha emitido declaración al respecto, aunque sí envió un correo electrónico donde solicita a sus trabajadores evitar la obstaculización de las entradas al edificio y evitar ser sancionados.
"Al ser servidores públicos y obstaculizar el acceso a unidades de salud, están cometiendo un delito que se castiga con pena de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal", se lee en el correo.
Entre sus demandas señalan que de no ser posible el retiro de los aparatos, el Instituto brinde servicios de transporte gratuitos a sus empleados, además de que preparan una carta con 150 firmas dirigida al secretario de Salud, Salomón Chertorivsky, en donde reclaman una solución al problema.
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