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CIUDAD DE MEXICO, México. Abr. 16, 2012.- El conflicto entre el gobierno argentino y la filial YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) de la española Repsol, tiene su origen en el descubrimiento en 2011, de los mayores yacimientos de petróleo en la historia de Argentina en el suroeste del país, de unos 900 millones de barriles de petróleo.
Además del tamaño también destaca la calidad de las reservas encontradas, lo que daría a Argentina, la posibilidad de competir directamente en el mercado petrolero.
El principal argumento de Argentina es que Repsol-YPF ha realizado poca inversión en el país y que todo el beneficio económico obtenido se va a España en forma de dividendos sin que exista un verdadero interés por el desarrollo del país anfitrión.
La industria petrolera europea cree que el gobierno de Cristina Fernández fomentó el crecimiento de las provincias petroleras argentinas como estrategia para baja el precio de las acciones de Repsol y quitar a YPF sus concesiones.
El valor de la compañía ha caído a la mitad durante el último año. Por tanto, el panorama y los intereses de unos y otros es más complejo de lo que parece. Esto, según Cristina Fernández ha hecho que la producción disminuya y obligue al país a importar energía.
En Argentina hay dos corrientes de opinión encontradas. Por un lado se tiene un sentimiento de apoyo porque se considera que los recursos naturales del país deben repercutir en el mismo y obtener los beneficios que les corresponden. Por el otro, hay quienes creen que este conflicto les va a salir caro a nivel internacional, ya que puede generar un clima de desconfianza en los potenciales inversores del país e incluso en aquellos que ya están establecidos.
Argentina es de los países que más puntuación obtiene cada año en el ranking "Doing Business" de América Latina.
El gobierno de España, tuvo que mediar en el conflicto y terminó amenazando a Argentina diplomáticamente si persistía en su plan de nacionalización.
La unión Europea no dispone de mecanismos jurídicos para presionar a Argentina si incumple sus compromisos con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio. Por tanto, el conflicto se considera bilateral.
Según los expertos, el negocio de YPF, que el Gobierno argentino declaró hoy de utilidad pública y sujeto a expropiación, representa algo más del 50 % de la producción total de hidrocarburos de la petrolera española Repsol y alrededor del 40 % de sus reservas.
Las cifras de la petrolera señalan que la filial argentina, de la que Repsol tiene el 57,43 %, cerró el pasado año con un beneficio de explotación de 1.231 millones de euros (1.607 millones de dólares), lo que supone el 25 % del total de la multinacional.
Repsol entró en YPF en enero de 1999 cuando compró al Estado argentino el 14,9 % de la petrolera por 2.000 millones de dólares.
En abril de ese mismo año, la petrolera española lanzó una oferta pública de adquisición por el resto del capital de YPF, que culminó el 23 de junio tras la compra del 83,24 % de la argentina y su toma de control.
En 2006, Repsol anunció su intención de ofertar entre un 20 % y un 25 % de YPF en el mercado bursátil, pero en mayo de 2007 el grupo reveló que procuraba "la entrada de un accionista local".
Un año después, la empresa firmó un acuerdo con el grupo argentino Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi, para venderle hasta un 25 % de YPF, porcentaje que actualmente controlan.
Posteriormente, Repsol fue reduciendo su participación en la filial argentina con diferentes operaciones, hasta quedarse actualmente con el 57,43 % de las acciones.
El hecho es que hoy, La presidenta argentina, Cristina Fernández, envió al Congreso el proyecto de ley que expropia el 51 % del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, lo que ha provocado la inmediata reacción del Gobierno de España y de la Comisión Europea.
Fuentes del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno español, señalaron que se está estudiando la decisión del Ejecutivo argentino para dar una "respuesta adecuada" a los intereses de España.
Desde Bruselas, el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, señaló que "una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios" en el país suramericano.
La cotización de las acciones de la petrolera fue suspendida en la Bolsa de Buenos Aires en cuanto se conoció la decisión del Ejecutivo argentino, cuando perdían un 2,44 %.
En Wall Street las acciones cayeron un 18,27 % tras el anuncio hecho por Fernández aunque luego se moderó hasta el 11 %.
En un acto celebrado hoy en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, se dio a conocer la decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de YPF y que declara de "interés público nacional" el sector de hidrocarburos.
De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, de acuerdo con el proyecto de ley, de 19 artículos.
La mandataria dijo hoy que su propuesta intenta poner fin a "una política de vaciamiento" de YPF.
"De proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales", subrayó Fernández.
La presidenta decretó que el ministro de Planificación, Julio de Vido, asuma la intervención de la compañía, con la asistencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien medios locales señalan como uno de los principales impulsores de la expropiación de la petrolera.
Tras el anuncio, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, se presentó en la sede corporativa de YPF para hacer efectiva la intervención de la compañía, confirmaron a Efe fuentes de la petrolera.
La importancia para el Ejecutivo de Fernández radica en que YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) es una de las mayores empresas argentinas, columna vertebral del mercado de hidrocarburos y una marca asociada en el imaginario popular a un pasado de esplendor del país.
El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones. Desde enero, cuando comenzó dicho conflicto, los títulos de la petrolera han acumulado una caída del 26,58 % y su capitalización bursátil es de unos 11.000 millones de dólares.
Fundada en 1922, quince años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal integrada verticalmente.
La empresa cayó dentro de la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino la petrolera.
La Comisión Europea advirtió al Gobierno argentino que la expropiación del 51 por ciento del capital social de YPF enviaría una señal "muy negativa" a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio en el país.
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