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MADRID, España, abr. 12, 2012.- La investigación sobre el robo de cientos de recién nacidos en España durante el franquismo y los primeros años de la democracia dio un paso adelante con la comparecencia del primer imputado, una monja de 80 años, y el anuncio del Gobierno de que hará un censo de bebés sustraídos.
El robo de niños para su entrega a otras familias previo pago o por simpatía entre 1950 y 1990, es investigado por las fiscalías de distintas provincias españolas y ha generado una gran conmoción en España.
María Gómez Valbuena, mejor conocida como sor María, imputada por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, compareció ante el juez instructor Adolfo Carretero, pero se negó a declarar.
Sor María, que vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada en este procedimiento, abierto a raíz de la denuncia de María Luisa Torres, quien afirma que la monja le arrebató a la hija que tuvo en 1982 en una clínica de Madrid.
Tras la comparecencia, rodeada de una gran expectación, el juez acordó tomar declaración a los padres adoptivos de Pilar, la supuesta "niña robada" por la religiosa.
La monja salió de los juzgados escoltada por varios policías y guardias de seguridad, sin hacer declaraciones a los periodistas, y abandonó el lugar en un Mercedes Benz todoterreno con los cristales entintados, tratando de escapar de los numerosos fotógrafos y cámaras que esperaban su salida.
Algunos afectados en la causa, concentrados a la puerta de los juzgados, expresaron su malestar por la protección policial concedida a la religiosa.
La monja, que aparece mencionada en decenas de casos de madres que aseguran que sus hijos recién nacidos les fueron arrebatados y "vendidos" en adopción, trabajaba como asistente social en la clínica madrileña Santa Cristina cuando, según María Luisa Torres, ocurrieron los hechos.
Torres aseguró ante el juez que la monja le quitó a su bebé por "adúltera", ya que el padre no era su marido, tras haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.
La comparecencia sor María coincidió con la reunión entre representantes de los afectados, varios ministros y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras la cual el Gobierno se comprometió a crear un censo de posibles "niños robados".
El caso saltó a la opinión pública en 2008 tras la aprobación de la ley para la recuperación de la Memoria Histórica, con los niños que fueron arrebatados a familias republicanas para ser educados por familias afectas al franquismo durante la Guerra Civil (1936-39) y los primeros años del franquismo (1939-75).
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