Sube la presión para Walmart

Por Noticieros Televisa | Fuente: Noticieros Televisa | 2012-12-19

Walmart

Las acciones de la trasnacional enfrentan una crisis y algunos se preguntan si debería cerrar sus puertas en Teotihuacán, mientras el caso revive el tema del combate a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 19, 2012.- Las acciones de Walmart de México y Centroamérica atravesarán una cierta presión en el corto plazo tras la reciente publicación del New York Times (NYT) sobre las acusaciones de soborno en contra de la minorista, considera el Deutsche Bank.

Según los reportajes del NYT, publicados en abril, mayo y diciembre, los supuestos pagos realizados por Walmex no sólo eran para agilizar el proceso de aprobación para la apertura de tiendas, sino que en 19 ocasiones recurrió al soborno para obtener permisos de construcción "que de otra manera no hubieran sido emitidos".

El artículo inicial del 22 de abril se enfocaba en un supuesto encubrimiento de oficiales de Walmart en Estados Unidos.

El riesgo de que Walmex se hiciera acreedor a importantes sanciones se había disipado en los últimos meses; sin embargo, el artículo del 17 de diciembre podría reavivar este riesgo y afectar el crecimiento a futuro.

A pesar de esto, la correduría ajustó sus proyecciones reflejando un crecimiento en sus ventas durante el cuarto trimestre de 2012 en las últimas semanas, principalmente como resultado de sus promociones durante El Buen Fin, y elevó su precio objetivo a 40.75 pesos por acción.

El artículo del NYT profundiza en el caso de una tienda en particular, en San Juan Teotihuacán, en el que indica que la tienda fue construida enfrentando una amplia oposición, gracias a la cooperación de autoridades locales y federales, quienes recibieron sobornos.

Cabe mencionar que la cadena de autoservicios en México sufrió un importante retroceso como consecuencia del artículo de abril, pero las investigaciones iniciales realizadas por autoridades mexicanas no descubrieron evidencia de ningún delito flagrante.

Nadie sabe, nadie supo

Poco antes de que la tienda fuera inaugurada, el entonces director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo, indicó que el instituto tenía limitaciones jurídicas para defender el patrimonio cultural del país, de acuerdo con una nota de Carlos Paul aparecida en La Jornada el 30 de septiembre de 2004.

Con ese razonamiento, aseguró que no podía hacer nada para impedir la construcción de la tienda Wal-Mart en el perímetro C de la zona arqueológica de Teotihuacán.

En esa misma nota se indica que representantes del Comité de Defensa del Valle de Teotihuacán destacaron "un decreto de 1988, de la UNESCO, en el que se indica que la zona C en Teotihuacán, no sólo es de amortiguamiento, sino también una zona arqueológica, por lo que la construcción de la tienda afectará el paisaje urbano y al sitio arqueológico".

"Son 25 kilómetros cuadrados donde habitaron 150 mil personas, por lo que en la zona todavía podrían existir vestigios prehispánicos", denunciaron los activistas, al mismo tiempo que indicaron que la construcción afectaría la imagen urbana. "El INAH está de alguna manera participando en la muerte de un pequeño poblado. No entendemos cómo busca la manera de encontrar leyes y decretos para lavarse las manos y entregar el patrimonio mexicano al capital estadounidense".

Arroyo explicó que fue precisamente con base en "el decreto presidencial de 1988" que se liberó el terreno está en una zona considerada "de menos potencial arqueológico, aunque tiene evidentemente vestigios", reconoció.

Dicho terreno, abundó, "tenía una liberación desde 1984. Anterior al decreto de 1988", que para el funcionario "sí tiene validez"; para quienes defienden ese patrimonio "es una contradicción, el que se reconozca una liberación anterior".

No obstante, de acuerdo con la nota de La Jornada, Arroyo aseguró que el INAH realizó revisiones en la zona "hasta la roca madre. Hasta donde se permitía entrar y lo que se encontró fue un altar de 80 por 80 con 25 centímetros de elevación, lo cual para el instituto no fue elemento suficiente para parar la obra".

Los argumentos de Arroyo fueron apoyados por Moisés Rosas, secretario técnico del INAH, quien abundó que institucionalmente "todavía no encontramos los elementos (jurídicos) suficientes para poder parar la obra".

Finalmente, dice la nota de La Jornada, Arroyo afirmó que el INAH "no otorga las licencias de obra, ni tampoco determinamos el uso del suelo, lo que hacemos es la liberación del terreno".

La misma nota recuerda que los activistas sostuvieron que esa afirmación entraba "en contradicción con lo que sostienen las autoridades municipales, quienes se amparan en las licencias emitidas por el instituto".

Y para rebatir el argumento de que en la zona no existían vestigios de mayor importancia, en el mismo diario, pero en una nota del 27 de septiembre de ese mismo año, se afirma que los defensores de la zona recordaron que "hace algunos años se pretendía construir un mercado de artesanías en el camino empedrado que lleva a las pirámides. Después de que algunos arqueólogos habían dicho que esa zona no tenía ninguna importancia, se descubrió que era un área de talleres".

Entonces, los activistas le solicitaron a las autoridades que negociaran con los ejecutivos de Walmart para que llevaran su tienda a un área más alejada de la zona arqueológica, pues "para esa empresa no es nada perder ese terreno".

¿Debe irse?

Ahora que un diario extranjero revive el tema, hay voces que se preguntan si la tienda debe permanecer en el área.

Luis Miguel González, director editorial de El Economista, se responde que sí en su columna del 19 de diciembre, "es lo menos que debería hacer si se comprueba que pagó sobornos para abrirla. "Los derechos adquiridos de manera ilegal no tienen validez jurídica".

Y recuerda que México cuenta, desde abril de este año, con una ley que sanciona a las empresas corruptoras. "De acuerdo con la misma, la máxima sanción aplicable a Wal Mart en México sería de 100 millones de pesos. En caso de que las autoridades quisieran actuar".

Sin embargo, el periodista también recuerda que luego de la primera publicación del NYT, las autoridades federales y del GDF se apresuraron en exculpar a la multinacional.

Propósito auténtico o buenos deseos

Finalmente, ésta parecería la oportunidad para preguntarse por qué las instituciones y la prensa reaccionan cuando el tema es tocado desde Estados Unidos, y también para recordar que el tema de la corrupción y las estrategias para combatirla estuvieron presentes en la campaña electoral y que se transformaron en una propuesta desde el 1 de diciembre, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República.

Como recuerda la organización México Evalúa en su estudio ¿Cómo controlar la corrupción en México?, durante los últimos 20 años, las acciones para combatir la corrupción se enfocaron en la creación de nuevas instituciones y normas para reducir los riesgos y el abuso de los recursos públicos mediante la modernización administrativa, la fiscalización, la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas.

El resultado, dice la organización, fue la configuración de un mapa de instituciones y actores con determinadas herramientas anticorrupción.

La organización hizo un diagnóstico basada en el marco institucional contra la corrupción, para identificar dos tipos de órganos de combate: los de control interno y los de control externo.

En el control interno se ubican la Secretaría de la Función Pública (SFP) (hasta antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como por la Procuraduría General de la República (PGR) como órgano de control judicial integrado a la estructura administrativa federal.

En el control externo están la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (control administrativo), el Congreso de la Unión (control político), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y las organizaciones de la sociedad civil (control ciudadano).

Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico de México Evalúa, la creación de nuevas normas e instituciones no se tradujo en mayor efectividad en el combate a la corrupción y tampoco en una disminución en la percepción de los ciudadanos.

La razón principal, insiste el organismo, es que el modelo vigente tiene facultades y responsabilidad fragmentadas, lo cual dificulta la coordinación entre instituciones y, en algunos casos, las competencias de estas instituciones son insuficientes.

Para México Evalúa, el tema es relevante ya que están en proceso de deliberación legislativa propuestas para reforzar el sistema anticorrupción y combatir el fenómeno de forma eficiente y con resultados visibles.

De hecho, recuerda el documento, en el Senado esperan iniciativas del PRI-PVEM, del PAN y del PRD que proponen la creación de un nuevo órgano anticorrupción especializado externo, considerando tres diseños institucionales distintos para el nuevo ente.

"La discusión sobre el diseño de una institución anticorrupción externa especializada es clave en la medida en que se busca que su existencia modifique los incentivos de los agentes que participan en un acto de corrupción. De hecho, las Convenciones Internacionales signadas por el país con la OCDE, la OEA y la ONU en materia de combate a la corrupción, así como los estándares propuestos por las mismas agencias internacionales plantean requisitos mínimos que debe cumplir una agencia especializada en este tema", concluye el documento de México Evalúa.

(Con información de Infosel, La Jornada, El Economista y México Evalúa)

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