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BRUSELAS, Bélgica, dic. 05-2012.- El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fortalecer la regulación de las agencias de calificación de riesgo, que da luz verde a su adopción definitiva.
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper), formado por los embajadores de los veintisiete países comunitarios, dio su visto bueno al borrador de una nueva directiva y un reglamento destinados a endurecer la legislación existente a nivel europeo sobre las agencias de calificación, textos acordados con los eurodiputados.
El objetivo de esta medida es reducir la excesiva dependencia que tienen los inversionistas respecto a las calificaciones crediticias externas, mitigar el riesgo de conflictos de interés en las actividades de notación crediticia y aumentar la transparencia y la competencia en el sector, indicó el Consejo en un comunicado.
Las propuestas obligan a los emisores de las llamadas retitulizaciones (productos financieros de una estructura particularmente compleja que pueden presentar más dificultades a los inversores a la hora de evaluar su verdadero riesgo crediticio) a cambiar de agencia transcurridos cuatro años.
De ese modo, una determinada agencia no podría calificar retitulizaciones del mismo emisor por un periodo igual a la duración del contrato expirado (un máximo de cuatro años).
La rotación obligatoria no sería aplicable a las agencias de notación pequeñas o a los emisores que empleen al menos cuatro agencias, cada una valorando más del 10 % del total de los instrumentos financieros pendientes de calificar.
Además, los textos incluyen una cláusula de revisión que prevé la posibilidad extender la rotación obligatoria a otros instrumentos financieros en un futuro, una opción que los Estados miembros descartaron en un principio durante las negociaciones, al considerar que no sería posible llevarla a la práctica.
También exige a los emisores que recurran a al menos dos agencias de calificación para la clasificación de los instrumentos financieros estructurados, dada su "complejidad" y el riesgo de que contribuyan a crisis financieras, según el Consejo.
Las propuestas obligan a las agencias de calificación a hacer público los casos en los que uno de sus accionistas, en posesión del 5 % o más de su capital o de los derechos de voto, tiene al mismo tiempo un 5 % o más de la empresa evaluada, para "mitigar el riesgo de conflictos de interés".
Además, buscan prohibir que un accionista de la agencia de notación que posea el 10 % o más del capital o de los derechos de voto tenga también una participación del 10 % o más en una entidad calificada.
Para asegurar la diversidad e interdependencia de las calificaciones y las opiniones que elaboran, las nuevas normas también prohíben ser propietario de un 5 % o más del capital o los derechos de voto en más de una agencia crediticia, salvo que éstas pertenezcan a un mismo grupo.
Por otra parte, los inversionistas o emisores podrían denunciar daños producidos por agencias de calificación, si sufren pérdidas a causa de una infracción que hayan cometido de forma intencionada o a causa de una negligencia grave.
Además, las calificaciones de la deuda soberana tendrían que ser supervisadas, al menos, cada seis meses en lugar de los doce actuales.
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