CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 19-2012.- Las propuestas del presidente electo Enrique Peña Nieto de crear la Comisión Nacional Anticorrupción y reformar la Administración Pública Federal son viables, positivas y pueden dar buenos resultados, consideró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, exhortó al Poder Legislativo para que analice, enriquezca y apruebe estas dos reformas "de gran envergadura" que el presidente electo presentó al Congreso la semana pasada.
"Ya no podemos permitirnos cambios que no impliquen soluciones de fondo. Tampoco una política de bloqueo por intereses partidistas en menoscabo del bien común", subrayó en su mensaje semanal "La voz del CCE".
El Poder Ejecutivo, dijo, tiene la facultad de proponer leyes para, entre otras cosas, cumplir con sus responsabilidades y compromisos, mientras que el Legislativo debe hacer su parte. A cambio, la sociedad pide claridad en la ruta a seguir, predicar con el ejemplo y el cumplimiento de los compromisos, apuntó el dirigente empresarial.
Hizo un reconocimiento al gobierno de transición por ir adelante con los compromisos de las campañas electorales, con un enfoque propositivo y sentido de oportunidad, con temas como el combate a la corrupción, inseguridad pública y necesidad de contar con una arquitectura institucional que permita una gobernabilidad democrática más eficaz.
Gutiérrez Candiani comentó que en el Senado se presentó una iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, encargada de prevenir, investigar y sancionar actos ilícitos en la administración pública y de particulares que participen en los mismos.
"Consideramos que la iniciativa presentada en el Congreso es positiva y va en la dirección correcta. Hay que apoyarla", planteó.
Explicó que el organismo sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, como una institución autónoma, con la idea de superar el conflicto de ser juez y parte, y contaría con capacidad de atracción de casos de los estados y municipios y podría actuar de oficio, incluso a partir de denuncias ciudadanas.
Se prevé ampliar el plazo de prescripción para estos delitos, así como eliminar, cuando proceda, restricciones en la investigación relacionadas con secreto bancario, fiduciario o fiscal, refirió.
Apuntó que el sector empresarial ha señalado reiteradamente que el énfasis en el combate a la corrupción se ha concentrado más en el discurso y la promulgación de leyes incumplidas, sin resultados trascendentes.
"Esta vez tiene que ir en serio, a fondo: la valoración del desempeño del próximo gobierno y el progreso de México dependen en gran medida de atajar el sistema y la cultura de corrupción prevalentes y la gran impunidad que los alimenta", sostuvo.
El presidente del CCE comentó que el otro paquete de cambios que se está impulsando son reformas a la Administración Pública Federal, presentadas en la Cámara de Diputados.
Con ello, dijo, se busca fortalecer a la Secretaría de Gobernación, que absorbería las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la vigilancia fronteriza, el mando de la Policía y del sistema penitenciario, todo ello en el ámbito federal.
Además, la Secretaría de la Reforma Agraria se transformaría en Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con lo cual puede abrirse el camino para una verdadera política nacional de ordenamiento urbano, como se propone en la Agenda por México.
Consideró que el mando de la fuerza policial federal puede facultar una mejor coordinación de las tareas preventivas, de inteligencia, disuasión y combate a la delincuencia, además de ayudar a que la responsabilidad no se diluya y pueda dar paso a una cooperación más fluida con los otros órdenes de gobierno.
Lo que hay que evitar es mezclar las funciones políticas con las de seguridad pública para que el cambio funcione y no produzca efectos colaterales negativos, concluyó.
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