CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 19, 2012.- El Consejo Coordinador Empresarial apoyará la iniciativa del presidente electo Enrique Peña Nieto para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, pero pide que se garantice efectividad.
Esta comisión se encargaría de prevenir, investigar y sancionar actos ilícitos en la administración pública y de particulares que participen en los mismos; sustituiría a la Secretaría de la Función Pública con la idea de superar el conflicto de ser juez y parte.
El CCE aclara que es necesario que el organismo tenga facultades plenas para cumplir su mandato: recursos humanos y técnicos, andamiaje institucional y jurídico, y definición clara de funciones y alcances.
"Hemos señalado reiteradamente que el énfasis en el combate a la corrupción se ha concentrado más en el discurso y la promulgación de leyes incumplidas, sin resultados trascendentes. Esta vez tiene que ir en serio, a fondo: la valoración del desempeño del próximo gobierno y el progreso de México dependen en gran medida de atajar el sistema y la cultura de corrupción prevalentes y la gran impunidad que los alimenta", indica el cuerpo de empresarios.
Agrega que la comisión anticorrupción puede ser el principio de un verdadero progreso, siempre y cuando sea parte de una política pública integral que ataque las causas; que no sólo investigue los actos cuando salen a la luz pública, sino que cierre los vacíos que permiten la corrupción. Que haya vigilancia, monitoreo y auditoría para detectar ilícitos, así como sanciones ejemplares.
Dice que es imprescindible especificar que la comisión tendrá carácter ciudadano, con un consejo consultivo de la sociedad civil garante independiente de poderes políticos, para que promueva un cambio cultural contra la corrupción y la impunidad, con el respaldo de la ciudadanía.
La propuesta del sector empresarial busca un pacto entre las autoridades y la sociedad, con compromisos concretos, y que la comisión sea el enlace institucional para liderar y vigilar su cumplimiento.
El otro paquete de cambios que apoyan los empresarios son reformas a la Administración Pública Federal.
Aunque el CCE dice que es positivo y pertinente fortalecer la Secretaría de Gobernación, que absorbería funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la vigilancia fronteriza, el mando de la Policía y del sistema penitenciario federal, también pide evitar que se mezclen las funciones políticas con las de seguridad pública y el empleo de estas fuerzas con fines de censura, intimidación o represión.
"Es preciso conservar y fortalecer las capacidades tecnológicas y de acción policiaca que ha desarrollado la Secretaría de Seguridad Pública, con instrumentos como la Plataforma México. Hay que analizar a detalle todas las implicaciones, para que el cambio funcione y no produzca efectos colaterales negativos", explica.
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