CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 1, 2012.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregó al gobierno mexicano un estudio que permitirá avanzar en la lucha contra la inseguridad, un fenómeno "que le quita el sueño" a la mayoría de los mexicanos y que impacta en la actividad económica del país.
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, expuso que además de las consecuencias en materia social y de Estado de derecho, la inseguridad tiene un impacto directo en la economía del país.
Afirmó que el alto índice delictivo encarece los costos de producción de las empresas, así como las exportaciones por la contratación de seguros. Esto termina por obstaculizar la creación de empleos y por lo tanto la calidad de vida de los mexicanos, expresó Gurría en la presentación del estudio Fortalecer el uso de evidencia en las políticas de seguridad y justicia en México.
Destacó que si bien México tiene la tasa más alta de asesinatos entre los países que integran el organismo mundial, en América Latina no es así. Por ello, afirmó, existe para México un área de oportunidad en materia de procuración de justifica y seguridad.
Manifestó que el estudio, que se elaboró en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ofrece un mapeo del índice delictivo en las diferentes entidades del país, lo cual otorga mayor posibilidad de "ir luchando en contra del fenómeno y de asignar mejor los recursos".
Asimismo, permitirá conocer con certeza, transparencia y regionalidad datos específicos en materia de inseguridad nacional.
El documento, presentado al gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE), tiene como objetivo que sea utilizado en la generación de políticas públicas en materia de gobernabilidad, aspecto importante para fortalecer la competitividad del país.
El director del Imco, Juan Pardinas, consideró que la inseguridad es un problema muy focalizado, por lo resulta injustificado sostener que todo el territorio mexicano enfrenta un problema de alto índice delictivo.
Ejemplificó que si bien el estado de Chihuahua registra alrededor de 88 homicidios por cada 100 mil habitantes, Yucatán reporta cerca de cinco por ese número de habitantes.
En materia de justicia penal, refirió que mientras Baja California Sur registra una tasa de 63 por ciento respecto a la población en prisión en espera de sentencia, en Puebla ese porcentaje es de 28 por ciento, en tanto que el promedio nacional es de 44.5 por ciento.
De acuerdo con Juan Pardinas, el estudio reveló que existen brechas en la disponibilidad y calidad de información para medir el desempeño del sistema de seguridad y justifica penal en México, en especial a nivel subnacional.
Ante ello, propuso generar información estandarizada y comparable sobre el sistema de justicia; fortalecer la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno y estandarizar las estadísticas de criminalidad regional en América Latina.
La Secretaría de Economía dio a conocer que el documento permite dar los primeros pasos en la visualización de la relación del binomio seguridad-competitividad en los estados.
Asimismo, proporciona información para el análisis, toma de decisiones y creación de políticas públicas transversales, que incurran en una mejora sistemática del desempeño en materia de seguridad y competitividad de las entidades federativas.
La dependencia refiere que encargó la elaboración del estudio por considerar que se trata de una valiosa herramienta que se traducirá en una eficiente aplicación de la ley, pilar fundamental para el fortalecimiento de la competitividad.
Lo anterior, al reconocer que brindar seguridad y justicia no sólo es importante para la gobernabilidad, sino el precursor de una economía sana que respeta la propiedad y la seguridad de los trabajadores y en la reducción de los riesgos para invertir y los costos para hacer negocios.
El estudio le ofrece a las entidades federativas recomendaciones en la aplicación de justicia penal y de seguridad, lo que impactará positivamente en un mejor clima de negocios e inversión.
El 26 de noviembre se presentarán los resultados del estudio al gabinete de seguridad, así como al Consejo de Seguridad Pública, y se distribuirán entre gobernadores, universidades y centros de investigación, con el objetivo de sumar sinergias para la generación de políticas públicas.
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