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MADRID, España, oct. 25, 2012.- Durante los últimos cuatro años, más de 350,000 familias españolas se han quedado sin casa; los desalojos es una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica.
Por ejemplo, en Granada (sur del país), un hombre de 54 años fue encontrado muerto en su casa en el día en que iba a ser desalojado.
Cuando la policía judicial llegó al domicilio para confirmar el desalojo se encontraron con otra patrulla policial y los servicios de emergencia que habían certificado la muerte del hombre en el patio de su casa.
Según la plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), cada día se producen al menos 50 desalojos por impagos de hipotecas y alquiler, que vulneran el derecho a la vivienda.
Siete jueces denunciaron los abusos del sistema de cobro de hipotecas, creado en 1909, y proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a las personas con hipoteca.
Las familias "impotentes tras haber quedado desempleadas o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica".
Una vez que se produce la ejecución del desalojo, los inmuebles acaban en manos del banco, generalmente a un precio inferior al del mercado, y engrosas sus activos inmobiliarios mientras queda desocupado durante años debido a que la crisis ha disminuido la demanda, señala el informe.
Los jueces proponen como una de las soluciones para determinadas circunstancias, la dación en pago por la que se entrega la vivienda para cancelar el crédito.
Otra de las propuestas es crear una ley de dación en pago para convertirla en "fórmula preferente para extinguir la deuda hipotecaria en el caso de la vivienda habitual, paralizar los desalojos y convertir la vivienda adjudicada en alquiler social a favor de sus ocupantes y antiguos propietarios".
El gobierno de Mariano Rajoy aprobó hace seis meses un Código de buenas conductas por el que el juez puede establecer periodos de carencia de pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y condonación de deuda.
Sin embargo, el informe de los jueces considera que la iniciativa ha fracasado porque sólo las personas en la pobreza más absoluta pueden en la práctica acogerse a las medidas.
Frente a la sede de Bankia, la entidad con mayor número de activos inmobiliarios y que fue nacionalizada este año, medio centenar de personas amenazadas de desalojo acampan desde hace cuatro días exigiendo la condonación de su deuda, solución que difícilmente les ofrecerá el banco.
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