CIUDAD DE MÉXICO, México, sept. 26, 2012.- En México, alrededor 14.2 millones de personas que trabajan en el mercado formal no tienen prestaciones y a 4 de cada 10 que son laboralmente activos ?el mercado laboral no les está funcionando bien?, dijo el analista Mauricio González en entrevista en el programa Economía de Mercado.
En este esquema, destacó el especialista, las disposiciones incluidas en la reforma laboral, no cambiarán la situación actual del mercado en México.
Para González, el marco jurídico laboral ha quedado rebasado ante las nuevas circunstancias demográficas, económicas y sociales. La legislación actual no responde a la urgencia de incrementar la productividad de las empresas y la competitividad del país, ni tampoco a la necesidad de generación de empleos.
Transparencia y autonomía sindical, el derecho a huelga; nuevas formas de contratación, como son los ?outsourcing? o pago por horas; permisos por paternidad; la flexibilización de los esquemas de contratación y despido; y que se respete y cuide que no se violente el artículo 123 constitucional, el cual establece que ?toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil?.
Éstos son los temas centrales que incluye el proyecto de dictamen de reforma laboral que fue entregado a los 30 diputados que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el fin de aprobar o rechazar dicha iniciativa.
A pesar de que nuestro país ha tenido importantes progresos democráticos y de libertad, aún es necesario avanzar hacia mejores prácticas en las organizaciones sindicales, que favorezcan la toma de decisiones.
Es indispensable dar un impulso decidido a la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Las propuestas que se presentan, recogen los temas y preocupaciones más recurrentes que han manifestado trabajadores y patrones.
Resulta inevitable otorgar una respuesta integral, justa y equilibrada a esta problemática para incorporar en la legislación laboral medidas que permitan conciliar por un lado, la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y, por el otro, el legítimo interés de los patrones por encontrar mecanismos que favorezcan la competitividad y productividad de los centros de trabajo.
(Texto: Leslie López, con información de Economía de Mercado)
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