CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 31, 2013.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF), Jesús Rodríguez Almeida, y de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, a establecer protocolos de detención.
En el punto de acuerdo suscrito por los diputados locales Daniel Ordóñez, Esthela Damián y Efraín Morales, el cual fue considerado de urgente y obvia resolución, se establece que dicha medida tiene como propósito evitar detenciones y procesos judiciales marcados por irregularidades en la Ciudad de México, así como violaciones a las garantías individuales.
Lo anterior, a raíz de los controvertidos juicios como el de la francesa Florence Cassez que sustentado en violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, se procedió a su liberación a pesar de que las evidencias la señalaban como culpable de graves ilícitos.
En tribuna, el diputado Daniel Ordóñez expuso que existen cientos de casos que al no tener difusión mediática, son resueltos algunos con legalidad pero indiscutiblemente sin justicia, por lo que llamó a iniciar el camino de reformas que conduzcan a cumplir con la modernización de los órganos de impartición de justicia y de la instauración del procedimiento acusatorio.
"Hemos considerado la necesidad de que a los agentes aprehensores se les capacite y se les dote de los conocimientos y material necesarios para que las detenciones practicadas por ellos, se lleven en estricto acato a los derechos humanos y garantías individuales".
Aseguró que en diversas entidades del país, a nivel local y federal, se encuentran lamentables ejemplos en los que violando los derechos humanos se sancionó con cárcel a personas que a todas luces resultaron ser inocentes, "en contraposición hubo casos en los que se liberó a los procesados argumentando errores procedimentales o de indebido proceso, aunque las pruebas parecieran demostrar su culpabilidad".
El legislador perredista, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que la Asamblea Legislativa no debe permanecer ajena a estos casos de desconocimiento de los derechos humanos y obligaciones de los ciudadanos durante el procedimiento penal.
Apuntó que el exhorto hecho a los titulares de la SSPDF Y PGJDF plantea que dentro de estos protocolos de detención los elementos de esas corporaciones policiacas cuenten con las llamadas "cartillas" o folletos en los que se señalan los derechos y garantías que corresponden a todo individuo en caso de aprehensión.
Entre los derechos estipulados en la cartilla están que el detenido sea notificado del motivo de su arresto, y el de ser considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario; también figura el de declarar o guardar silencio, así como a no inculparse en caso de que decida lo primero.
De acuerdo con el documento, el detenido tendrá derecho a un defensor de su elección, y en caso de no contar con uno el Estado se lo proporcionará de manera gratuita. Asimismo, se hará de su conocimiento que tiene derecho a un traductor o intérprete y a que se notifique de su detención a un familiar o persona que desee; a que se le ponga sin demora a disposición de la autoridad competente y, en caso de ser extranjero, a que el consulado de su país sea informado de su detención.
Ordóñez Hernández mencionó que diferencia de lo que se implementó recientemente a nivel federal, en el DF se promoverá contar con una cartilla que establecerá las obligaciones mínimas que deberá seguir cada efectivo policiaco al realizar una aprehensión; todas éstas fundadas en las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CNDH y CDHDF.
MACO
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