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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 17, 2012.- El Juez 27 Penal dictó auto de formal prisión contra un perito de la Procuraduría capitalina, quien presuntamente sustrajo una tarjeta de crédito de un domicilio donde ocurrió un homicidio.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que Salvador Villafuerte Muñoz, enfrentará juicio penal por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y contra la fe pública, sin derecho al beneficio de la libertad bajo caución.
La dependencia señaló que el pasado 17 de diciembre la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio fue notificada del hallazgo de dos cuerpos sin vida en domicilio de la colonia Vallejo, en la delegación Gustavo A. Madero.
Agregó, a través de un comunicado, que personal ministerial, así como Policía de Investigación y de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGJDF en materia de fotografía y criminalística se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones.
Familiares de las víctimas informaron a la autoridad ministerial de la sustracción de una bolsa donde uno de los occisos guardaba su tarjeta de crédito.
Al continuar las pesquisas, Policía de Investigación estableció que la tarjeta de crédito fue utilizada a partir del 19 de diciembre de 2011 en diversos comercios.
Ante este hecho se implementó un operativo en la colonia Roma donde fue asegurado Villafuerte Muñoz, perito en criminalística adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio.
En su declaración ministerial, el probable responsable aceptó haber sustraído y utilizado la tarjeta de crédito con la que realizó diversas compras.
Acreditados los extremos previstos por la ley y aceptación del probable responsable de sustraer la tarjeta, el Ministerio Público ejercitó acción penal el pasado 8 de enero.
Finalmente puntualizó que el delito en contra de la fe pública alcanza un pena de tres a nueve años de prisión, sin derecho a fianza, mientras que el delito de ejercicio ilegal del servicio público tiene una sanción de dos a siete años.
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